Más de 100 organizaciones de la sociedad civil respaldaron el proceso de pacificación y la despenalización de las drogas propuestos por el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.
En una carta, firmada también por más de 300 académicos, activistas, legisladores y expertos, celebran las propuestas de Olga Sánchez Cordero y Alfonso Durazo sobre un proceso de pacificación que incluye la justicia transicional, la desmilitarización de la seguridad pública y la regulación de las drogas, informó Reforma.
“Nadie se opondrá realmente al proceso de pacificación del país, aunque éste resulte complejo y doloroso”, plantean las organizaciones.
“Regular las drogas no es -por sí sola- una medida suficiente para acabar con la guerra, pero los firmantes estamos convencidos de que es una medida necesaria para lograr la paz. La guerra contra las drogas fracasó. #TocaRegular #RegulaciónPorLaPaz”.
Hace 12 años, explican, “el prohibicionismo fue llevado a su extremo cuando en una decisión errada el presidente Felipe Calderón decidió militarizar aún más los esfuerzos antinarcóticos”.
“Pese a lo evidente de su fracaso y lo innegable de sus costos, la decisión no se sometió a revisión durante la siguiente Administración y, en su lugar, el gobierno de Enrique Peña Nieto prefirió ignorar la crisis y perpetuarla, negándose a iniciar la reforma y optando por consolidar la militarización”, señalan las organizaciones.
Las organizaciones exponen que México cuenta hoy con una población lista para construir otros caminos y una masa crítica de ciudadanos que están proponiendo políticas de drogas alternativas.
Por ello, se dicen convencidas de que la discusión no consiste en preguntarse si se debe o no regular las drogas, sino en cómo hacerlo.
De acuerdo con las organizaciones, “México no ha contado con una política de drogas orientada a la protección de sus ciudadanos desde que Lázaro Cárdenas del Río intentara en 1940 un breve, pero exitoso, ensayo de descriminalización que se vio truncado por presiones internacionales”.
Desde entonces, advierten, “la política de drogas se ha reducido a satisfacer la exigencia extranjera de mantener una prohibición absoluta que privilegia la represión y desatiende las necesidades de prevención y tratamiento de nuestra población”.
