Las jóvenes víctimas, de 20 a 24 años, viven en zonas urbanas, rurales, con o sin estudios de todo el país.
Sendero de AMLO, 26 de julio de 2018. Sea como víctimas de delitos o como ejecutores de tortura, asesinatos, y miembros activos del crimen organizado, los jóvenes engrosan las cifras por muertes violentas en 10 años de guerra contra el narco.
A esto se agrega que la población joven no cuentan con un esquema de acceso a sus derechos (empleo, vivienda, educación, salud), lo cual aumenta el riesgo.
Así lo señala el reportaje de Zósimo Camacho para Contralínea, documento que analiza cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Además, la publicación da voz a especialistas en derechos humanos que explican por qué son los jóvenes quienes han pagado el costo más alto de la creciente violencia que se vive en México.
A continuación reproducimos una parte del reportaje de Zósimo Camacho.
118 mil jóvenes asesinados en 10 años de “guerra” contra el narcotráfico
En México, contar de 20 a 24 años de vida supone estar en peligro de muerte: 42 mil 251 jóvenes de este rango de edad murieron violentamente en 10 años de la supuesta “guerra” contra el narcotráfico. Más aún, del total de muertes violentas registradas en el periodo, 118 mil 393 víctimas tenían menos de 30 años.
Datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revelan que los saldos mortales de la política pública de combate al narcotráfico se concentraron en las juventudes, ya sean urbanas, rurales, con estudios o sin estudios y de todas las entidades federativas.
Entre 2007 –cuando el entonces flamante presidente Felipe Calderón inició la “guerra” contra el narcotráfico– y 2016, el cuarto año de gobierno de Enrique Peña Nieto y el más reciente contabilizado por el Inegi, murieron de manera violenta –es decir, no por enfermedades, accidentes o “causas naturales”–, un total de 304 mil 889 personas. Más de una tercera parte de ellas eran jóvenes.
“A la ola de violencia que se vive en el país en el marco de una guerra contra el narcotráfico, se suma que los jóvenes no tienen acceso a educación, trabajos dignos, salud… a que no hay oportunidades y no hay garantía de que se les respeten los derechos humanos”, explica la abogada Asminda Navarro González, integrante del equipo jurídico del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria. Por ello, explica, las muertes y las agresiones contra los jóvenes se recrudecieron en los últimos años.
“En México, las tasas más altas de muertes por homicidio se observan entre los jóvenes, particularmente entre quienes tienen de 15 a 30 años […] y se duplicó la tasa de homicidios en los rangos de edad de 10 a 19 años […]”, había advertido, por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe Violencia, niñez y crimen organizado, publicado en 2016.
En el documento, la organización multilateral había señalado que “también en México se han reportado masacres de niños y adolescentes” y que en este país “alrededor de 30 mil menores de 18 años han sido incorporados a las filas de los cárteles del narcotráfico”.
La información del Inegi ahora revela que la mortalidad entre jóvenes es mayor aún. Los números de homicidios de personas menores de 30 años se incrementaron aceleradamente a partir de 2007, cuando inició la llamada “guerra” contra el narcotráfico.
En diversas páginas de internet circulan imágenes (fotografías y videos) de menores de edad empuñando armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y participando en enfrenamientos armados o torturas; y también, siendo víctimas de asesinatos y tormentos.
La violencia la padecen no sólo quienes han sido incorporados a las filas de la delincuencia organizada; también la viven quienes participan en actividades políticas. Y, sobre todo, quienes sólo buscan abrirse espacios para encontrar trabajo. Incluso, quienes estudian alguna carrera universitaria.
Universidades públicas, como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y privadas, como el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), se han convertido en escenarios de crímenes contra sus propios estudiantes.
En marzo de 2010, murieron a manos de militares dos alumnos del ITESM en el propio campus central. Mientras, en la Ciudad Universitaria de la UNAM han ocurrido 11 muertes en menos de 2 años.
Y fuera de las casas de estudio, estudiantes también han sido asesinados, como los cuatro alumnos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) que fueron asaltados en la delegación Gustavo A Madero en abril pasado. O los tres estudiantes de cine de la Universidad de Medios Audiovisuales, de Guadalajara, asesinados en marzo de 2017.
Y es que la “guerra” contra el narcotráfico no explica toda la magnitud del problema.
El doctor en educación por la Universidad de Harvard y exrector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Hugo Aboites, explica que se trata de las consecuencias de vivir en un país profundamente autoritario y desigual.
México ha vivido por varios años “una situación de progresivo avance y profundización de la desigualdad”.
A decir del también catedrático e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, la sociedad mexicana seguirá perdiendo a sus juventudes mientras los que detentan el poder sigan gobernando para sí mismos y para seguir acumulando poder.
“Desde el poder se gobierna en favor del poder; desde el dinero, en favor del dinero. Y la gran mayoría de personas quedan excluidas de este arreglo”.
Los excluidos, los sin futuro, quedan a merced de la delincuencia, expone Aboites.
“Cuando hay una desigualdad tan lacerante como la que priva en México, los gobiernos que se imponen son muy violentos, autoritarios. Se favorece el abuso, porque se generan climas de mucha violencia. Hoy en este país vemos muchos casos de pederastia; de abuso en contra de los ancianos; de violencia contra los migrantes; contra las mujeres, pues hay un machismo febril; y contra los jóvenes, a quienes se les niega el derecho a la educación y empleo. Se trata entonces de un sector muy vulnerable: se puede hacer con ellos lo que se quiera, prácticamente.”
De acuerdo con los datos obtenidos del Inegi, sólo durante el sexenio de Felipe Calderón un total de 173 mil 995 personas murieron de manera violenta.
De ellas, 70 mil 5 eran niños, adolescentes y jóvenes. Con respecto del periodo de Enrique Peña Nieto, durante los primeros 4 años fueron muertas violentamente 130 mil 892 personas. Cuarenta y ocho mil 388 contaban con menos de 30 años.
Si bien los saldos mortales se redujeron marginalmente durante los 2 primeros años del peñismo, en los siguientes repuntaron y superaron a los del calderonismo.
“Quienes demandan un cambio en el país son principalmente los jóvenes”, explica el politólogo y sociólogo Valeriano Ramírez Medina.
“Y lo hacen porque saben que tal y como están las cosas en México, no tienen futuro”.
El doctor en estudios políticos y sociales y profesor-investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM explica que las elecciones federales del pasado 1 de julio fueron definidas por los jóvenes.
“Fue un voto abrumador de todos los sectores, pero los jóvenes en particular decidieron claramente por un cambio de rumbo en el país. Buscan tener un futuro distinto al que hasta hoy era el único: empleos precarios, incertidumbre y pobreza.”
Hugo Aboites, por su parte, señala que la violencia que viven los jóvenes no será distinta si sólo cambian las siglas de los partidos en el gobierno. Tampoco bastará que se abran más universidades si la estructura de desigualdad se mantiene intacta.
“Evidentemente se necesita un cambio en la conducción del país. De lo contrario, el esfuerzo de las universidades se ve contrarrestado por una poderosísima tendencia a acentuar la desigualdad, la violencia, el ataque y el abuso hacia los grupos más débiles de la sociedad.”
Acabar con la impunidad es el primer paso, señala la abogada Asminda Navarro. Pero, coincide, las soluciones deben ser estructurales.
“El Estado ha incumplido en su función de prevenir y también en reparar. Ha abandonado sus obligaciones”. Advierte que mientras la impunidad se mantenga, la situación de los jóvenes se irá recrudeciendo, pues los perpetradores saben que podrán seguir cometiendo crímenes sin consecuencias para ellos.
Revertir esta situación no será un proceso fácil –reflexiona–, independientemente de que un nuevo grupo político asumirá el gobierno federal en diciembre.
“Combatir la impunidad será sólo el principio. Pero detener la ola de violencia contra los jóvenes pasará necesariamente por el desarrollo de políticas públicas enfocadas a este sector y por la aprobación de reformas a las leyes y a la Constitución que atiendan sus necesidades específicas.”
Asminda Navarro aclara que no será con el aumento de penas o la instauración de cadenas perpetuas como se solucionará el problema de la violencia, pues más allá de medidas particularmente para los jóvenes, el sistema de justicia debe funcionar e incluir la reparación del daño y el combate a la corrupción.
Sobre la oportunidad de mejorar la situación de los jóvenes con la llegada de un nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, la abogada integrante del Centro Vitoria señala:
“Yo no estaría esperando un cambio por parte de gobierno alguno. El cambio será posible a través de la organización de la sociedad. A eso es a lo que le apostamos: a la organización. Que el proceso electoral fue importante, claro que sí. Hay que tomarlo como pretexto para darle impulso a las exigencias de las organizaciones y de la sociedad civil.
