Por: John M. Ackerman (@JohnMAckerman)
La crisis actual nos permite visualizar nuevos horizontes. Hay que aprovechar de este crítico interludio para avanzar con un renovado planteamiento de justicia social.
Iniciemos con cuatro premisas: 1) El problema de fondo no es la COVID-19, sino el sistema de organización social hegemónico basado en la explotación y la dominación de unos seres humanos sobre otros, y de todos los humanos sobre la naturaleza; 2) El neoliberalismo no es solamente una teoría económica, sino un esquema completo de valores y una constelación específica de poder político y social; 3) El mundo pos-neoliberal no debe implicar un simple retorno nostálgico a las viejas teorías del Estado de bienestar y las políticas keynesianas “contracíclicas”, sino el lanzamiento de nuevas ideas y prácticas; 4) El nuevo planteamiento pos-neoliberal se debe construir a partir de las especificidades y las idiosincrasias de cada país.
El nuevo ensayo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, La nueva política económica en los tiempos del coronavirus, cumple cabalmente con estas cuatro premisas. Aborda la problemática actual de manera estructural e integral y nos invita a “dejar el camino trillado de las últimas cuatro décadas y buscar uno del todo nuevo” a partir de una reinterpretación de nuestra historia y tradiciones.
“Ahora nosotros destinamos los apoyos para el bienestar empezando por la base de la pirámide social y de allí hacia su cúspide”, escribe López Obrador, “queremos construir la modernidad desde abajo, entre todos y sin excluir a nadie”.
El Presidente busca reemplazar la “teoría del goteo”, según el cual “si llueve fuerte arriba gotea abajo, como si la riqueza fuera permeable y contagiosa”, con una visión profundamente democrática en que todos y cada uno de los ciudadanos contribuyen su pieza correspondiente a la gran rompecabezas de la economía nacional.
No es coincidencia que el primer punto del planeamiento económico de López Obrador es más bien un concepto político: la democracia. “En la actualidad, economía y democracia van de la mano; la separación entre el poder económico y el poder político se está convirtiendo en una realidad”.
Este planteamiento suena sencillo, pero es en realidad profundamente transformador. De acuerdo con el viejo esquema, la economía debe ser “pura” y “tecnocrática” y no dejarse contaminar por criterios políticos o ideológicos. En contraste, López Obrador plantea una economía “moral” y “democrática” que privilegia el bienestar y la felicidad en lugar del crecimiento y la mera eficiencia.
Simultáneamente, el Presidente busca separar el poder económico y el poder político. Es decir, si bien hay que pensar la economía desde la política, esta política debe desarrollarse a partir del interés público en lugar de los intereses privados. Siguiendo el ejemplo de Benito Juárez, habría que defender la autonomía del Estado frente a los poderes “fácticos” que buscan utilizar su dinero e influencias para doblar a las instituciones públicas.
Pero el nuevo Estado de la Cuarta Transformación no sólo defiende su autonomía, como durante la época de Juárez, sino que también se lanza a las calles para garantizar directamente el bienestar de toda la población. En uno de los párrafos más sugerentes de su texto, López Obrador cuestiona la lógica (neo)liberal de que el Estado debe limitarse a ser un simple “gestor de oportunidades” en materia económica y social, para en su lugar proponer un Estado “garante de derechos” en todos los ámbitos:
“La diferencia entre unas y otros es clara. Las oportunidades son circunstancias azarosas y temporales o concesiones discrecionales sujetas a término que se le presentan a un afortunado entre muchos y pueden ser aprovechadas o no; los derechos, en cambio, son inmanentes a la persona y al colectivo, irrenunciables, universales y de cumplimiento obligatorio.”
Este planteamiento implica un rompimiento profundo con el viejo régimen, ya que coloca los derechos económicos y sociales al mismo nivel que los derechos civiles y políticos.
Para los (neo)liberales existen dos tipos derechos. Por un lado, están los derechos a la libertad de expresión, el voto, la propiedad, el debido proceso y la religión, que deben ser de cumplimiento universal y obligatorio. Pero, por otro lado, están los derechos al trabajo, la salud, la alimentación y la educación, donde el Estado sólo debe garantizar “oportunidades” y “libre competencia”.
Esta vieja postura (neo)liberal viola la letra y el espíritu de nuestra Constitución revolucionaria, redactada al calor de la gran lucha social de 1910-1917. Nuestra Carta Magna no dice que algunos derechos son más importantes que otros. Al contrario, señala que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar el bienestar de absolutamente todos los mexicanos.
El nuevo camino de López Obrador no es entonces solamente una buena idea sino que también implica una recuperación del Estado de derecho después de décadas de rompimiento del orden constitucional durante la larga noche neoliberal.
John M. Ackerman:
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Escritor y activista. Doctor en Sociología Política y Doctor en Derecho Constitucional.
