La paz y la tranquilidad son el fruto de la justicia social:
Les comparto el tercer adelanto del documental 'Esto soy' que se presentará el 15 de diciembre, realizado por Verónica Velasco y Epigmenio Ibarra.
Cuando gobernamos la Ciudad de México, se redujo la incidencia delictiva. Conocemos todos los municipios del país y, lo más importante, no somos empleados de ningún grupo de intereses creados (sean delincuentes comunes o de cuello blanco).
En suma: contamos con la experiencia y la libertad suficientes para hacer lo que más convenga, detener la guerra y conseguir la anhelada paz y la tranquilidad de todos los mexicanos.
Lic. Andrés Manuel López Obrador.
martes, 5 de diciembre de 2017
domingo, 3 de diciembre de 2017
AMLO propone paz y la prensa miente y dice que dará amnistía a narcos.

3 de diciembre de 2017.- Andrés Manuel López Obrador, ayer, frente a reporteros, indicó que para alcanzar la paz en México se precisan analizar propuestas, y que en conjunto con la sociedad y las víctimas de la violencia, se establecerán las más idóneas para erradicar la violencia en México.
Esta declaración fue rápidamente retomada por buena parte de los medios de comunicación, pero tergiversada.
Los títulos de las notas lo dicen todo. El Universal puso: “AMLO analiza amnistía a líderes del narco para garantizar la paz”; Reforma: “Propone AMLO amnistía a victimarios”; Proceso: “AMLO analiza amnistía a líderes de cárteles para terminar con la violencia”; Crónica: “Ahora, AMLO plantea amnistía para capos del narco”.
Lo que mencionó López Obrador fue:
“Hay que hablar con los mexicanos, con todos, y hay que plantearles que necesitamos la paz y que todos podemos ayudar a que haya paz en el país. Vamos a explorar todas las posibilidades, desde decretar una amnistía, escuchando también a las víctimas, hasta exigir al gobierno e Estados Unidos que lleve a cabo campañas para aminorar el consumo de drogas”.
En esta declaración se evidencia que lo que propone AMLO es el análisis de propuestas para erradicar la violencia en el país, y que en esta tarea, los mexicanos, y especialmente las víctimas de la violencia, tendrán voz.
Pero los medios contaron algo distinto. Y lo hicieron con dolo.
Igualmente, esos medios que tergiversaron las declaraciones de AMLO, dieron espacios a quienes quisieran criticar la supuesta propuesta de AMLO de dar amnistía a los líderes de los cárteles: Anaya, Meade, Margarita Zavala, el PRD, todos tuvieron espacios amplios para hablar sobre informaciones falsas y malintencionados.
Es interesante cómo, prácticamente todos los medios, han comenzado a mostrarse en contra de López Obrador.
Fuente: Revista polemón.
Fuente: Revista polemón.
viernes, 1 de diciembre de 2017
Familia denuncia abusos de la policía fuerza Tamaulipas en Reynosa.
Ante la impunidad de la fuerza armadas continúan los asesinatos, abusos, torturas y violaciones a los derechos humanos en contra de población civil, por consigna del gobernador del estado Francisco Javier Gracia Cabeza de vaca, con el pretexto del combate al crimen que no es otra cosa que la disputa del cambio de mando de los grupos delictivos que controlan la región. Terrorismo de estado es la consigna del gobernador, cientos de muertos desde que asumió el poder, y no tiene para cuando acabar.
Aquí una muestra más de la infinidad de abusos en contra de las familias reynosenses.
Aquí una muestra más de la infinidad de abusos en contra de las familias reynosenses.
miércoles, 29 de noviembre de 2017
Golpe de Estado silencioso...
CIUDAD DE MÉXICO 29 de noviembre del 2017.- La intromisión de las fuerzas militares en la vida política y social del país ha llegado a extremos intolerables que ponen en riesgo tanto la institucionalidad democrática como la soberanía nacional. Hoy atestiguamos el equivalente a un golpe de Estado subrepticio y silencioso. Si la sociedad no detiene la militarización rampante, Los Pinos pronto podría ser ocupado por un general.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha presentado en la Cámara de Diputados una iniciativa para una nueva Ley de Seguridad Interior, que tiene el objetivo de normalizar la participación inconstitucional de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y de control social interno.
La aprobación de este proyecto implicaría una transformación radical del papel de los militares en la vida nacional. Normalmente, los soldados solamente pueden participar en asuntos de “seguridad nacional”. Y el artículo 129 de la Constitución es absolutamente claro: “En tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.
Sin embargo, la propuesta del diputado César Camacho Quiroz, en cumplimiento de órdenes giradas por Enrique Peña Nieto y el secretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, habilitaría a los militares para involucrarse directamente en asuntos de “seguridad interna”. Y este concepto es definido de la manera más abstracta y general: cualquier asunto que “ponga en peligro la estabilidad, seguridad o la paz pública”.
Con la nueva ley, los militares ya no se dedicarían exclusivamente a defender el territorio patrio y a suplir a las autoridades civiles en casos de emergencia, sino que se transformarían en responsables permanentes del “orden” interno y, por lo tanto, en una fuerza política pluripotenciaria y autónoma capaz de intervenir por voluntad propia en casi cualquier momento. Es decir, se autorizaría formalmente la persecución castrense de la oposición política y los movimientos sociales en todo el país.
Desde que Felipe Calderón sacó a los soldados masivamente a las calles en 2006, supuestamente para combatir el narcotráfico, el gobierno federal ha dicho que la militarización de la seguridad pública era necesaria como una medida estrictamente temporal, mientras se avanzaba en el proceso de depuración y profesionalización de los cuerpos policiacos municipales, estatales y federales.
Hoy, 10 años más tarde, vemos que Calderón mintió desde el primer momento. La profesionalización policiaca nunca avanzó y ahora los partidos del Pacto por México han decidido simplemente reemplazar a los policías con militares.
Hace unos meses, el PRIANRD ya reformó tanto el Código de Justicia Militar como el Código Militar de Procedimientos Penales, con el fin de permitir que los ministerios públicos y tribunales militares se entrometan de manera indiscriminada en asuntos civiles, con cateos a domicilios particulares y edificios gubernamentales, así como con espionaje directo a comunicaciones personales.
Con la Ley de Seguridad Interior se consolidaría y expandiría esta lógica. La ley permitiría a los militares desplazar totalmente al ministerio público en la investigación de delitos cometidos incluso por civiles. También abriría la puerta para un sistema de espionaje político-militar generalizado, al permitir a los soldados utilizar cualquier medio de recolección de información.
Aún más preocupante es que esta nueva ley busca darle la vuelta al procedimiento plasmado en el artículo 29 constitucional para declarar la suspensión de garantías en casos de “perturbación grave de la paz pública”. Aquel procedimiento constitucional obliga al presidente a recibir la autorización del Congreso de la Unión para emitir dicha declaratoria y requiere que la suspensión sea forzosamente “por un tiempo limitado”.
En contraste, la nueva ley permitiría al presidente realizar de manera unilateral la declaratoria, y para un tiempo indeterminado. Es decir, se eternizaría la presencia castrense en nuestras calles, con todo lo que ello implica respecto de la violación sistemática de los derechos humanos y las libertades de tránsito, de expresión y de reunión.
Lo más grave, sin embargo, es el daño que esta nueva ley significaría para la soberanía nacional. No es ningún secreto que las fuerzas armadas mexicanas hoy no sólo siguen órdenes de las autoridades mexicanas, sino que también obedecen a los mandatos de Washington. Fue el gobierno de Vicente Fox quien acomodó a la milicia mexicana dentro del marco del Comando Norte de Estados Unidos (Northcom) en 2002. Y un porcentaje cada vez más grande de generales, comandantes y cadetes miliares mexicanos reciben una parte importante de su entrenamiento en Estados Unidos.
El secretario de la Marina, Vidal Soberón, recientemente fue nombrado comandante de la Legión de Mérito del gobierno de Estados Unidos y tiene comunicación constante con los altos mandos castrenses en aquel país. Y hace unos meses Soberón le entregó personalmente al jefe del Northcom, William Gortney, la Medalla de Distinción Naval y Mérito Militar Primera Clase de México.
Así que si los vendepatrias del PRIANRD logran la aprobación de su nueva Ley de Seguridad Interna, el pueblo mexicano no solamente estará sujeto a la constante intromisión de las fuerzas militares en nuestras vidas, sino que nuestra información y nuestras libertades también se colocarían bajo el control directo de Donald Trump.
En lugar de aumentar la intromisión de un fascista en nuestros asuntos internos, hoy es un buen momento para recuperar nuestra larga tradición de dignidad nacional y solidaridad latinoamericana. Hay que dirigir nuestras miradas hacia el sur.
www.johnackerman.blogspot.com
Twitter: @JohnMAckerman
domingo, 26 de noviembre de 2017
¿Cómo sería la presidencia de López Obrador?
26 de noviembre del 2017.- Con la presentación de su Proyecto de Nación 2018-2014
(disponible aquí: http://www.proyecto18.mx/), Andrés Manuel López Obrador ha ratificado
que es un hombre de propuestas que busca estabilizar el país, defender las
instituciones públicas y liberar la sociedad civil. El debate apenas inicia con
respecto a los detalles de cada una de las iniciativas y todavía falta un año
hasta que el tabasqueño ocuparía Los Pinos, pero el documento cumple el muy
importante papel de romper los mitos y disipar los miedos con respecto a un
futuro gobierno de Morena. López Obrador también se adelanta a las otras
fuerzas políticas y, como ya es costumbre, fija la agenda para el debate
público durante las próximas campañas electorales.
El documento presentado por López Obrador y Alfonso Romo el
pasado 20 de noviembre no es un manifiesto ideológico o demagógico, sino un
conjunto de propuestas concretas que dan una excelente idea de las acciones
prioritarias que se llevarían a cabo a partir del primer día de la nueva
administración.
En primer lugar no habrá expropiaciones irresponsables,
cancelaciones unilaterales de contratos, desabasto, cacería de brujas, censura
o represión. El proyecto desmiente de manera clara y contundente el fantasma
del supuesto monstruo populista que el PRIANRD, Enrique Peña Nieto y los medios
dominantes han querido utilizar para desacreditar al presidente de Morena desde
2006.
No existe una sola línea en el Proyecto de Nación que
implique algún afán de López Obrador de utilizar el poder presidencial para
desquitarse con los ricos o ajustar cuentas con sus adversarios. Queda
perfectamente claro que el objetivo del presidente de Morena no es dividir el
país o centralizar el poder, sino rescatar las instituciones y ponerse a
trabajar con nuevas iniciativas en beneficio de la población.
El proyecto propone construir carreteras, trenes, escuelas,
hospitales, refinerías, aeropuertos, así como estimular la inversión privada,
combatir la corrupción, garantizar Internet libre y gratuito, rescatar el
sistema de procuración e impartición de justicia y, sobre todo, apoyar a los
jóvenes.
Los recursos necesarios para estos proyectos no saldrán de
nuevos impuestos, sino de acabar con la corrupción desbordada que desangra el
gobierno, combatir la enorme evasión fiscal e implementar una estricta
austeridad en los gastos burocráticos. México es un país rico, con una de las
economías más grandes del mundo (número 14 al nivel mundial) y cuenta con una
gran cantidad de leyes e instituciones públicas. Sin embargo, hoy la riqueza
económica e institucional es desperdiciada por un puñado de oligarcas y
corruptos que utilizan su poder para enriquecerse en lugar de apoyar al pueblo.
Una inversión en las prioridades de gasto y de políticas
públicas al nivel federal abriría la puerta para un histórico renacimiento de
la gran creatividad e innovación del pueblo mexicano. Con un poco de oxígeno
para respirar, la sociedad misma se encargará de transformar y desarrollar la
nación de la mano con un gobierno legítimo, honesto y democrático.
Dos de los planes más importantes del Proyecto de Nación son
el de combate a la corrupción y el de apoyo a la juventud. La agenda de combate
a la corrupción incluye siete prgramas específicos que buscan cerrar de una vez
por todas la llave al desvío de recursos públicos. Se incluyen iniciativas
concretas para acabar con los conflictos de interés, terminar con el lavado de
dinero y los flujos internacionales de recursos ilegales, abrir de par en par
la transparencia gubernamental y someter a contratistas del gobierno a un
estricto régimen de rendición de cuentas.
El ejemplo de López Obrador como un jefe de Estado recto y
honesto tendrá un poderoso impacto sobre todo el aparato gubernamental. Pero el
tabasqueño tiene claro que no es suficiente. También hace falta fortalecer la
transparencia y la institucionalidad democrática para garantizar que todos los
servidores públicos en su gobierno sigan su ejemplo.
El programa Jóvenes construyendo el futuro es, quizás, el
más ambicioso de todos (véase: goo.gl/mpcpsj). Esta iniciativa busca garantizar
que absolutamente todos los jóvenes del país tengan la posibilidad de
desarrollarse personal y profesionalmente, sin la necesidad de migrar a los
Estados Unidos o colaborar con el narcotráfico. Desde el primer año del
gobierno, el proyecto apoyará a 2.6 millones de jóvenes, con becas de estudio,
de trabajo o de capacitación.
Simultáneamente, se ampliará la oferta de educación superior
para asegurar que todos los que quieran cursar una carrera universitaria puedan
hacerlo. Los exámenes de exclusión, mal llamados exámenes de admisión, ya no
serán necesarios ya que habrá lugar para todos.
En general, se busca acabar de tajo con el fenómeno de los
llamados ninis que no estudian ni trabajan. Becarios sí, sicarios no, es el
resumen que suele utilizar López Obrador para referirse al programa.
En suma, el verdadero peligro para México no sería la
eventual llegada de López Obrador a Los Pinos en 2018, sino la continuidad del
actual régimen de corrupción y saqueo que a lo largo de décadas de malos
gobiernos ya ha demostrado su enorme capacidad destructiva.
johnackerman.blogspot.com
Twitter: @JohnMAckerman
jueves, 23 de noviembre de 2017
‘EL JR’ NOQUEA A ‘EL GUASÓN’
23 DE NOVIEMBRE, 2017.-A poco tiempo de que se revelen los nombres de los coordinadores de organización en el estado, distritos y municipios, ya tronó la guerra al interior del Movimiento de Regeneración Nacional de Tamaulipas.
Los ánimos en el equipo lopezobradorista reventaron por el flanco más débil: Héctor Garza, mejor conocido como ‘El Guasón’, acusó al diputado federal Renato Molina, operador político enviado desde la Ciudad de México, de poner en venta las candidaturas al Senado, las diputaciones federales y las presidencias municipales en tierras tamaulipecas.
La acusación de ‘El Guasón’ escaló a otro nivel: involucró, ni más ni menos, que a la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, quien forma parte del primer círculo de Andrés Manuel López Obrador.
En su desesperación al verse rebasado por las nuevas figuras que se incorporaron al proyecto alternativo de nación de ‘El Peje’, Héctor Garza optó, cual infante caprichoso, por el reclamo, el berrinche, el típico ‘pataleo’ del político que olfatea la derrota estrepitosa.
Si bien, en su rabieta, el ex diputado local se fue encima de Renato Molina y de Yeidckol Polevnsky, es otro el personaje el que provoca la molestia de quien en otros tiempos fuera el asistente (‘carga-maletas’) de Álvaro Garza Cantú.
José Ramón Gómez Leal, popularmente conocido como ‘El JR’, es el verdadero centro de los ataques de ‘El Guasón’, quien trae altos niveles de estrés al darse cuenta que la candidatura al Senado, correspondiente al género masculino, podría ser otorgada al ex panista.
Lo que no entiende Héctor Garza es que los números electorales y los hechos a nivel de operación política se encuentran a favor del ‘neomorenista’ José Ramón Gómez Leal.
Un comparativo sobre la base de las urnas habla por sí mismo: mientras que ‘El Guasón’ obtuvo solamente 32 mil votos en todo Tamaulipas como aspirante de Morena a gobernador en la elección del año pasado, ‘El JR’ rebasó los 55 mil sufragios en calidad de candidato independiente a la presidencia municipal de Reynosa en 2016.
El dato es más que ilustrativo en términos de popularidad, efectividad electoral e impacto mediático: el candidato independiente a una alcaldía fronteriza superó, por más de 20 mil votos, a un candidato, respaldado por la estructura territorial de un partido político, a la gubernatura.
Más allá de los resultados de hace año y medio en las urnas, un asunto del presente es lo que tiene con francos signos de desesperación a Héctor Garza: la operación política efectuada por José Ramón Gómez Leal en toda la frontera ha sido productiva para la bandera lopezobradorista.
‘El JR’ ha tendido puentes de diálogo con figuras relevantes de Nuevo Laredo, Río Bravo, Matamoros y, por supuesto, Reynosa. En esas mesas de negociación se han sentado a conversar algunos ex alcaldes del pasado inmediato blanquiazul y tricolor, situación que despierta sumo interés en la cúpula nacional de Morena.
Esos municipios, cabeceras de cinco de los nueve distritos electorales que estarán en disputa en la jornada electoral del primero de julio del 2018, se encuentran supuestamente bajo la operación y supervisión, según indica el organigrama del Movimiento de Regeneración Nacional en Tamaulipas, de Héctor Garza, pero… como se observa un ‘neomorenista’ de alcurnia ya lo rebasó por la izquierda y por la derecha.
En ese contexto, cabe señalar un dato, un hecho por demás relevante: José Ramón Gómez Leal se registró como aspirante a la coordinación de organización en el estado, es decir, busca la candidatura de Morena al Senado. Esa es su verdadera jugada en el ajedrez tamaulipeco del siguiente año.
Esa es la razón de fondo del reclamo, berrinche y ‘pataleo’ de ‘El Guasón’. Desesperado, arremetió en contra de Renato Molina, el diputado federal chilango que opera en tierras tamaulipecas y quien, efectivamente, ve con buejos ojos a ‘JR’, sobre todo porque considera que Andrés Manuel López Obrador requiere de liderazgos locales y regionales para ganar -dicen ellos que la tercera es la vencida- la anhelada silla de Los Pinos.
En la lucha preliminar, previa a ‘la madre de todas las batallas’, ‘los morenos’ se están dando hasta con la cubeta. Se puede decir que ‘El JR’ casi noquea a ‘El Guasón’. Lo tiene contra las cuerdas. ¡¡¡Orale!!!
Nuevas oficinas del prd estatal
A pesar de que el Partido de la Revolución (supuestamente) Democrática pasa por la más severa crisis financiera de su historia reciente en Tamaulipas, el sol azteca está a punto de inaugurar las nuevas oficinas del Comité Directivo Estatal.
Alberto Sánchez Neri, presidente del PRD en la entidad, maniobró con habilidad en tiempos de sequía en las finanzas y logró, en una primera etapa, la construcción en terreno propio de la nueva sede partidista, ubicada en Ciudad Victoria.
Cierto, estas oficinas que se encuentran a punto de ser concluidas, son pequeñas, austeras. En términos de edificación, son apenas el primer piso de un inmueble que será, de acuerdo al proyecto, de dos niveles.
La dirigencia estatal perredista espera contar con la asistencia de Alejandra Barrales en el corte del listón, en el estreno de la sede. Ella, por acuerdo del Consejo Político, dejará la presidencia nacional del PRD el próximo 9 de diciembre.
Veremos si Alejandra Barrales, principal aspirante del Frente Ciudadano por México a la Jefatura de Gobierno de la capital del país, viene a Tamaulipas en los primeros días del siguiente mes.
Y para cerrar…
El Consejo Estatal del Partido Nueva Alianza sostuvo reunión y, además de aprobar los métodos de selección interna de los candidatos a las alcaldías, concedió facultades al presidente del comité en el estado, Carlos Gamaliel Cisneros Ruiz, la facultad para realizar y concretar negociaciones con otros partidos políticos, es decir, pactar una coalición.
HÉCTOR GARCES.
miércoles, 22 de noviembre de 2017
Paramilitar viola tres veces a niña indígena de 9 años, luego amenaza a sus padres con levantarlos y asesinarlos si denuncian.
(22 de noviembre, 2017.- Salto de Agua, es un municipio de la región Selva, con presencia de población indígena mayoritariamente de la etnia Chol, donde de acuerdo con Sofía Andrade, activista, “se sufren graves violaciones a los derechos humanos, las cuales quedan impunes porque las autoridades no solamente no hacen nada, sino que han obligado a pensar a la población afectada que es normal lo que padecen”, comenta.
De acuerdo con las investigaciones sociales realizadas por el Centro de Derechos Humanos Frayba, durante el levantamiento armado de 1994 y en los siguientes diez años operaron en la región grupos paramilitares, como Paz y Justicia, que cometieron agresiones sistemáticas a población civil.
Si bien la aparición y accionar de estos grupos se fue diluyendo en la práctica mantienen presencia en la región, en específico en la comunidad El Limar. Donde, comenta la activista, “han mantenido un ambiente violento para controlar a la población”.
El 6 de octubre de 2017, la menor indígena Chol de nueve años, de quien se omitirá su nombre, fue violada por tercera ocasión y amenazada de muerte por su agresor.
Por lo que la madre y el padre de la menor, también indígenas Choles, denunciaron las agresiones a pesar del contexto de impunidad y violencia que existe en la región. “Cuando se atreven a denunciar son las mismas autoridades las que amenazan para que se callen porque los culpables pueden ‘hacerles más cosas’, o incluso les aseguran que pueden hasta matarlos y que quienes deben protegerlos no les garantizar que podrán ayudarlos o garantizar su vida”, señala Andrade.
El perpetrador de las violaciones sexuales de la menor nombrado “MM”, es integrante del grupo paramilitar Paz y Justicia. Su padre fue uno de los líderes durante el período de más violencia en la zona (años 1996-1997).
Este hombre ha sido denunciado en varias ocasiones por otros actos de violencia en la comunidad, sin que haya sido sancionado debido a sus nexos con el Ayuntamiento Municipal de Salto de Agua, se informó a Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas.
En febrero de este año, la Fiscalía General de Justicia del Estado, específicamente la correspondiente al Distrito Selva solicitó una orden de aprehensión en contra del perpetrador, quien obtuvo información debido a la complicidad de las autoridades, lo que le permitió escapar, y continuar amenazando a la menor y su familia.
“El accionar del abusador sexual bajo el amparo del grupo paramilitar Paz y Justicia ha ocasionado que la menor deje de asistir a la escuela, ante la amenaza de un levantón para desaparecerla.
La mamá de la menor ha enfermado debido a la constante zozobra de que los paramilitares entren a su casa y los asesinen. En tanto que el padre, no pude asistir a su parcela a trabajar debido a todas estas amenazas”.
De acuerdo con la información, los involucrados que han permitido que este tipo de hechos continúen sucediendo son los funcionarios e instituciones del Estado, como la Fiscalía General del Estado, del Distrito Selva, la Policía Ministerial y la Policía de Seguridad Pública.
Esta última al incumplir con la orden de realizar rondines constantes en el lugar en donde se ubica el domicilio de la menor. Estos rondines derivan de las medidas cautelares que fueron emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Cabe señalar que a la Comisión Nacional de Derechos Humanos se le ha solicitado intervención en relación al riesgo latente que existe sobre la vida, libertad y seguridad personal de la menor y sus padres, y aunque la respuesta fue el otorgamiento de medidas cautelares, éstas no han sido llevadas a cabo de manera constante por la Policía.
En tanto, se ha denunciando que la operación de la Fiscalía General del Estado carece de perspectiva intercultural, de género, derechos humanos y derechos de la infancia. A esto se suma, de acuerdo a Frayba, que las agresiones físicas pueden derivar en feminicidios, expulsión de los afectados del ejido o comunidad y la constante amenaza de desaparecer a la menor y asesinar a sus padres.
Fuente: Revolución 3.0
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